Moción general aprobada por el XVIII Congreso (extraordinario) del PR


Moción general aprobada por el XVIII Congreso (extraordinario) del PR
Roma 7 y 8 de mayo de 1977

SUMARIO: el XVIII Congreso extraordinario se reune en Roma a lo largo de la campaña de recogida de firmas para la celebración de los ocho referéndums. A pesar de los buenos resultados conseguidos hasta ese momento (aproximadamente 320.000 firmas recogidas en poco más de un mes) la campaña corre el riesgo de fracasar. El Congreso denuncia dos peligros: por una parte la desinformación masiva que la Rai practica, no sólo con respecto a los ciudadanos a los que se les ha ocultado la existencia de la campaña referendaria y por consiguiente privándoles del derecho de poder manifestarse a favor o en contra de una iniciativa que está garantizada constitucionalmente; por otra parte, la dramática situación financiera del Partido que no puede garantizar la continuidad de la campaña, con el consiguiente peligro de que fracase. El XVIII Congreso es importante, sobre todo como momento de impulso hacia el exterior de la iniciativa referendaria. El Partido, sobre el que recae todo el peso de la recogida de firmas, encuentra
el impulso en la concentración necesaria para poder continuar la lucha. Incluso en lo que a la recogida de fondos se refiere, a pesar de que el objetivo fijado por el Congreso no se lleve a cabo en su totalidad, se registra un considerable incremento de la autofinanciación, que a finales de junio alcanza la bonita cifra de 150 millones.
("Las luchas, las conquistas y las propuestas radicales a través de los documentos congresuales y el Estatuto - noviembre de 1985. A cargo de Maurizio Griffo - Opúscolo editado por la tesorería del Partido radical).

MOCION GENERAL

En Italia, cada vez está más difundida la exigencia de libertad y de mutación radical como alternativa al régimen democristiano; un impulso popular que puede constituir, se se traduce en una política en las instituciones, la vía de salida de la crisis moral, social y política que está atravesando el país. Alrededor de la Dc convergen fuerzas de la izquierda histórica en el seno del sistema de poder clasista, clerical y corporativo que reducen la democracia a una fachada sin alternativa, sin lucha política. Actualmente, este diseño tiene como objetivo prioritatio ahogar y reprimir la libertad de expresión, que enjaula a la izquierda en un compromiso de régimen que tiende a pisotear las iniciativas de la sociedad civil y a eliminar todo desacuerdo, criminalizándolo o haciéndo que sea impotente.
Los radicales ven en esta libertad uno de los nudos básicos sobre los que se juega el destino de la democracia en Italia.
Aprobación y desacuerdo están estrechamente vinculados en la sociedad de masa en la transmisión de los mensajes políticos. Y ello vale tanto no sólo por el derecho de las fuerzas políticas de hacer transmitir sus propuestas, sino por el derecho de los ciudadanos de conocer para poder elegir.
Cada vez que los ciudadanos han podido conocer los grandes temas de enfrentamiento de la lucha política gracias a una adecuada información, por lo general, obtenida gracias a las luchas democráticas que los radicales han llevado a cabo en gran parte, se ha podido constatar que el país ha elegido la libertad y el cambio.
Ello ha sucedido puntualmente en todas las batallas radicales a favor de los derechos civules que encontraron su máximo apogeo el 13 de mayo de 1974 con el referéndum sobre el divorcio. No puede haber batalla de masa y por lo tanto elección realmente democrática son el concreto ejecicio de la libertad de información. Por ello, referéndum e información están estrecha e inevitablemente vinculados. Así pues, los radicales, detectan en la falta de respeto tanto de las normas constitucionales, como de las leyes del Estado, y en particular de la ley de reforma aprobada en 1975, por parte de la Tai-Tv uno de los mayores obstáculos no sólo y no tanto hacia la campaña electoral referendaria del Partido radical sino hacia el referéndum en sí como institución prevista por la Carta constitucional, y el ejercicio mismo de los derechos políticos en Italia.
Por ello, el Partido radical considera que la batalla a favor de los ocho referéndums que se está llevando a cabo actualmente no se puede desglosar en una batalla a favor de una información libre y correcta sobre éstos y consiguientemente en cualquier otra iniciativa referendaria que se lleve a cabo en el futuro, sea cual fuere la fuerza política promotora de la misma.
El Congreso extraordinario del Partido radical subraya que la Rai-Tv »reformada de 1977, según un estudio llevado a cabo por la Demoskopea, en un periodo de dramáticas e importantísimas citas y batallas políticas radicales, culminado con la huelga de hambre de 73 días de la secretaría nacional, del Presidente del Consejo federativo y de otros militantes y dirigentes, y con la presentación y el lanzamiento político de la campaña a favor de los ocho referéndums, ha dedicado al Partido radical y a las batallas a favor de los derechos civiles y de las alternativas el 1,8% de las menciones políticas de sus telediarios, conformándose con la práctica corporativa inaugurada por el fascismo y continuada por el régimen DC según la cual las noticias se refieren y se divulgan no a partir de su contenido, sino de la presunta acreditación de la fuente de la que proceden;

que la misma Comisión parlamentaria de encauzamiento y de control de la Rai-Tv se había visto obligada por la evidencia de los hechos a censurar por dicho motivo el comportamiento del ente radiotelevisivo, y que sucesivamente el comité restringido de la Comisión misma había preferido asumirse la responsabilidad de contradecir clamorosamente dicha opinión, en vez de permitirles a los ciudadanos que conociesen la iniciativa referendaria y que puediesen juzgarla y evaluarla;

que incluso este gravísimo comportamiento de la Comisión ha sido ignorado en su totalidad por la mismísima información de la prensa;

considera que, a pesar de la censura sistemática practicada por toda la información del régimen, el hecho de haber logrado 320.000 firmas compulsadas de ciudadanos electores en cada referéndum y de los 48 millones de autofinanciación, demuestra una vez más que las posiciones y las batallas radicales y liberales en Italia no representan sólo a los ciudadanos con una clara orientación electoral favorable al Partido radical, sino, al igual que antaño sobre el divorcio y el aborto, representan la gran mayoría del país, prefigurando un posible gran bloque histórico democrático alternativo al régimen.

El Congreso confirma y refuerza, a partir de dicho resultado, el compromiso de todo el Partido, de sus asociaciones, de sus militantes, para alcanzar las 380.000 firmas aún necesarias para que se logre el triunfo de la campaña referendaria y los fondos necesarios para la autofinanciación del Partido. Insiste, al confirmar el neto rechazo de cualquier utilización, bajo cualquier forma o bajo cualquier título, de los fondos de la financiación pública que le corresponden al Partido radical, que sólo con la consecución y la potenciación de la más rigurosa política de autofinanciación, será posible para el Partido radical no sólo haga llegar al Tribunal Supremo antes del 30 de junio las 700 mil firmas necesarias para la celebración de los referéndums, sino condicionar y marcar de forma profunda y decisiva la vida política italiana de los años venideros.
Confía en que dicha práctica de autogestión y de autofinanciación conlleve a excluir en el futuro, para todos los radicales, la necesidad de recurrir al medio extremo de la desobediencia civil no violenta que constituye la huelga de hambre, que, en la situación actual de los medios de información de masa, acarrearía sólo resultados dramáticos y peligrosísimos.
Dirige un insistente llamamiento a los militantes radicales, a los ciudadanos, a los electores socialistas, comunistas, demócratas, para que en la primavera de 1978, en el mes de abril o de mayo, con motivo del treinta aniversario de la entrada en vigor de la Constitución italiana, se le conceda a la Italia laica, democrática, antiautoritaria y socialista, crecida y madurada a través de las batallas sociales y civiles de estos años, echar en la oposición y en minoría, en el Parlamento o en el país, al régimen que desde el fascismo ha heredado todo aquello que tras la Resistencia y la liberación todavía era posible proponerse recoger y perpetuar, precipitando, treinta años después, en un espiral de desorden, de corrupción y de disgregación económica y civil, sólo rescatable con las grandes batallas populares y alternativas.
El Congreso, al confirmar los objetivos de lucha aprobados en la moción anterior, plantea los siguientes objetivos inmediatos concernientes a la información:

1) la petición de servicios informativos sobre los contenidos y los motivos de los ocho referéndums y sobre la duración de cada uno de ellos de al menos quince minutos, de los cuales una parte autogestionados, que se deberán transmitir en todas las redes radiofónicas y televisivas a título de reparación por la falta de información practicada por la Rai-Tv desde la presentación de las peticiones de referéndum al Tribunal Supremo el pasado mes de enero,

2) la petición de que se celebren dos debates con una duración de noventa minutos cada uno de ellos, en los que participen todos los partidos políticos para que los ciudadanos puedan conocer las posturas de las distintas fuerzas políticas sobre la iniciativa en cuestión.

Para lograr estos objetivos, el Congreso:

prepara para el 12 y el 13 de mayo dos días de movilización nacional a favor de la libertad de información radiotelevisiva con la indicación a los inscritos y a las asociaciones de que lleven a cabo las acciones directas y de desobediencia civil;

establece asediar con estas peticiones no sólo al Consejo de admimistración de la Rai-Tv, la presidencia de la Cámara u del Senado, la Comisión interparlamentaria de canalización y control, sino también a los trabajadores, periodistas y empleados de la Rai-Tv y a sus representantes sindicales;

Establece solicitar al presidente del Tribunal supremo la inmediata puesta al día de la cuestión de legitimidad constitucional sobre la ley de reforma suscitada por el juex de 1º instancia de Roma el 3 de enero de 1976 y hasta el momento presente, con gravísima responsabilidad, ignorada por el Tribunal mismo, para que finalmente se esclarezcan los hechos sobre la legitimidad de algunas normas de la ley de reformas y de algunas competencias de la Comisión parlamentaria de encauzamiento y control;

establece que se promueva una causa judicial con respecto a la Rai-Tv por los daños, los gastos materiales y cualquier otro impedimento de su propia actividad sufridos o llevados a cabo para suplir la falta de respeto por parte del ente radiotelevisivo de sus deberes constitucionales y legales.

Invita a la secreataría nacional a organizar, en el caso de que estos pasos resultasen ineficaces, una campaña masiva de desobediencia fiscal sobre el canon de subscripción radiotelevisiva.

Establece, por último, convocar, desde ahora, para el mes de junio un gran convenio radical sobre la información en el que se puedan debatir a fondo y deliberar los modos y los tiempos de la lucha democrática para la apropiarse de nuevo de esta libertad tan estrechamente vinculada a los destinos de la democracia.