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Impuesto municipal a la Iglesia Católica
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El eurodiptado radical italiano Marco Cappato y el eurodiputado español Willy Meyer (Izquierda Unida) han pedido a la Comisión Europea (CE) que investigue si España incumple la normativa comunitaria al eximir de un impuesto municipal a la Iglesia Católica.
En una pregunta escrita, hecha pública hoy, Meyer y Cappato informan a la CE de que la Iglesia Católica está exenta de abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tasa municipal que grava esta serie de trabajos cuando precisan licencia.
Según los eurodiputados, la exención se aplica también en casos relacionados ‘con actividades ajenas al culto y puramente mercantiles que, aunque desarrolladas por entes dependientes de la Iglesia católica, tienen por objetivo la obtención de ingresos’.
Meyer y Cappato citan como ejemplo las inversiones inmobiliarias o las explotaciones comerciales.
En su opinión, el régimen supone así una ‘desventaja para las otras empresas no católicas, lo que distorsiona la competencia y destruye el principio del derecho comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos’.
Por ello, piden a la Comisión que dictamine si este régimen supone o no una ayuda de Estado encubierta que es incompatible con la normativa de competencia en el mercado europeo.
Bruselas ya mantiene abierto un proceso de infracción contra España por eximir a la Iglesia Católica del pago del IVA, al entender que este hecho vulnera la directiva europea donde se regula este impuesto.
En este último caso, la CE abrió su investigación a raíz de una interpelación del eurodiputado radical Maurizio Turco.
En una pregunta escrita, hecha pública hoy, Meyer y Cappato informan a la CE de que la Iglesia Católica está exenta de abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tasa municipal que grava esta serie de trabajos cuando precisan licencia.
Según los eurodiputados, la exención se aplica también en casos relacionados ‘con actividades ajenas al culto y puramente mercantiles que, aunque desarrolladas por entes dependientes de la Iglesia católica, tienen por objetivo la obtención de ingresos’.
Meyer y Cappato citan como ejemplo las inversiones inmobiliarias o las explotaciones comerciales.
En su opinión, el régimen supone así una ‘desventaja para las otras empresas no católicas, lo que distorsiona la competencia y destruye el principio del derecho comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos’.
Por ello, piden a la Comisión que dictamine si este régimen supone o no una ayuda de Estado encubierta que es incompatible con la normativa de competencia en el mercado europeo.
Bruselas ya mantiene abierto un proceso de infracción contra España por eximir a la Iglesia Católica del pago del IVA, al entender que este hecho vulnera la directiva europea donde se regula este impuesto.
En este último caso, la CE abrió su investigación a raíz de una interpelación del eurodiputado radical Maurizio Turco.
