Exposición escrita tema 7: El derecho al desarollo


Exposición escrita presentada por Transnational Radical Party, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva general

E/CN.4/2005/NGO/262


10 de marzo de 2005

Raramente una planta ha sido el centro de actividades de decenas de grupos en ámbitos culturales, tradicionales, políticos, económicos y religiosos como la coca. Raramente una planta ha sido prohibida, criminalizada, demonizada y violentamente perseguida por gobiernos y organizaciones como lo ha sido la coca. El permitir el cultivo, los usos y desarrollos no narcóticos de la hoja de coca, puede ser un primer paso hacia el apoyo de las culturas y tradiciones de todas las comunidades de la región. Es decis, legalizar la coca posiblemente permita el inicio hacia una nueva era de participacion civil para países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El status de la coca en las tres Convenciones de las Naciones Unidas no es claro. La planta de coca esta incluida en: la Clasificación 1ra de la Convención Única sobre Drogas Narcóticas de las Naciones Unidades de 1961, la Convención sobre Drogas Psicotrópicas de 1971, al igual que en la Convención en contra del Trafico Ilícito sobre Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Verbi gratia, en la primera Convención de las Naciones Unidades, la coca es considerada una de las “drogas” que debe ser controlada lo mas estrictamente posible.

A pesar de que los tres documentos de la ONU no hacen ninguna distinción entre las plantas naturales y las drogas sintéticas, es importante subrayar el hecho de que sí existen diferencias substanciales entre las plantas y sus derivados. Esta importante distinción deberá convertirse en el aspecto central de las actividades de los defensores de la coca, al igual que aquellas promocionadas por grupos e individuos comprometidos con el desarrollo de la condición humana en todo el mundo.

El Informe sobre Desarrollo Humano, publicado en el 2004 por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) se titula “La libertad cultural en el mundo diverso de hoy”. Desafortunadamente, este documento, el cual aborda diversos aspectos de la condición humana, no toma en consideración las repercusiones que la prohibición ha tenido sobre regiones enteras del mundo, al igual que en los posibles desarrollos originales y tradicionales de dicha planta.

El Prefacio del Reporte afirma claramente que“el desarrollo humano se trata sobre todo de ampliar las opciones de la gente, es decir, permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, pero también de brindarle tanto las herramientas como las oportunidades para que puedan tomar tal decisión. Durante los últimos años, el “Informe sobre Desarrollo Humano” ha sostenido con energía que se trata de un asunto tanto político cuanto económico, pues abarca desde la protección de los derechos humanos hasta el fortalecimiento de la democracia. En efecto, los pobres y marginados –quienes suelen conformar el grueso de la población inmigrante o las minorías religiosas o étnicas– tienen escasas probabilidades de conseguir acceso igualitario a empleos, escuelas, hospitales, justicia, seguridad y otros servicios básicos, a no ser que cuenten con la real capacidad de influir en la política local y nacional”.

Desdichadamente, las Naciones Unidas es un organismo que no acude o realiza consultas a sus agencias filiales. Declaraciones como las mencionada anteriormente, así como los diversos hallazgos que reposan en los documentos del Foro sobre Asuntos Indígenas podrían generar una serie de reformas a la estructura del actual régimen de “control de drogas”.

Mientras el Partido Radical Trasnacional (PRT) ha intentado en varias ocasiones denunciar el hecho de que las tres Convenciones de la ONU van mas allá de su objetivo de controlar las “drogas”; de hecho, implícitamente establece que el masticar o “mambear” coca es una actividad que debe ser castigada en haras de prevenir la propia integridad de las comunidades indígenas. Así uno este de acuerdo o no con la necesidad de regular las drogas mediante la estrategia de la prohibición, el hecho de que las Convenciones aborden temáticas que no tienen ninguna relación con la “droga” como es el caso del mambeo de coca. Este tipo de situaciones no dejan de preocupar a todos aquellos que se encuentran comprometidos con el desarrollo humano, la protección de las culturas indígenas, la preservación del medio ambiente y los derechos humanos.

Desde la década pasada, la comunidad internacional ha abordado los asuntos relacionados con la coca mediante la promoción de una serie de proyectos, tales como, la “reducción de la demanda” y el “desarrollo alternativo”, con el objetivo ulterior de erradicar sobre la faz de la tierra dicha planta “maligna”. Todos estos esfuerzos han demostrado ser un fracaso en cuanto a la eliminación y/o substitución de la coca por cultivos lícitos. La mayoría de estos programas de erradicación han generado un impacto devastador no solo en la salud de miles de personas, sino también en el medio ambiente de las zonas en cuestión.

Otro esfuerzo que merece la pena ser subrayado, es la promesa de sumas de dinero a los campesinos a cambio de la erradicación voluntaria y/o una substitución eventual de la coca. Con la excepción de unos escuetos resultados positivos, debidamente documentados por la ONU en Bolivia y Perú al final de la década de los noventa, en el mediano y largo plazo todos los programas anteriormente mencionados han fracasado crasamente.

Diferente historia es la de los proyectos de “desarrollo alternativo”. Mientras en teoría la idea de promover cultivos lícitos como un medio alternativo para el desarrollo de aquellas sociedades en las que las plantas utilizadas para la producción de narcóticos son cultivadas es llamativo, en la práctica real la sustitución jamás ha demostrado ser completamente autosuficiente en el mediano o largo plazo. De hecho, cada vez que la comunidad internacional retira su ayuda “artificial” a dichos proyectos de cultivos alternativos, el progreso alcanzado desaparece en cuestión de algunos meses, dejando de esta manera a las comunidades locales desamparadas de los medios suficientes para su subsistencia, por lo que se ven obligados a recurrir nuevamente al cultivo ilícito de la planta.

Más aún, las alternativas usuales para reemplazar el arbusto de coca han sido la palma o cualquier variedad de productos que se encuentren en boga en aquel momento. Como se ha evidenciado, dichos productos han sido producidos en exceso en los últimos años, originando de esta manera una sobre oferta en la producción mundial, generando de este modo un drástico descenso en sus ya escasas ganancias. Este desalentador panorama refuta sin lugar a dudas todos los argumentos económicos a favor de la sustitución. Como si fuera poco, el sistema arancelario impuesto por Norte América y los países Europeos a los productos agrícolas, origina una carga desigual a las naciones en vía de desarrollo, cerrando el acceso de los productos del “sur” a los mercados ricos.

Con el paso del tiempo, la situación en los Andes se ha vuelto immanegable para las comunidades locales, el desarrollo general de sus países y el bienestar entero del continente Latinoamericano. Dicha situación ha resultado ser una fuente increíble de dinero fácil y de gran riqueza para todo tipo de grupos ilegales, como narcotraficantes, terroristas y agrupaciones paramilitares. Este panorama dramático siempre se ha abordado desde una misma fórmula: prohibición, una estrategia que no ha producido los resultados deseados y que requiere de una revisión radical.

El PRT considera que actualmente es el momento adecuado para que las Naciones Unidas, enmarcadas en su trabajo hacia la promoción del “desarrollo alternativo”, realice un estudio que evalúe de manera exitosa la posibilidad de permitir el desarrollo de los usos originales de las plantas que son empleadas para producir narcóticos, empezando por el arbusto de coca. De hecho, la planta de coca puede ser utilizada, como ha sido por cientos de años, para producir medicinas de diferentes tipos, al igual que la producción de diversos bienes comerciales, tales como: té, harina, pasta de dientes, jabón, condimentos, textiles, goma de mascar, al igual que diferentes suplementos alimenticios, y como uno de los medios más importantes para aliviar el abuso de las sustancias químicas que se derivan del procesamiento de sus hojas.

Es decir, si la ONU está realmente comprometida en mejorar la calidad de vida socio-económica de poblaciones específicas mediante “proyectos de desarrollo sostenible”, el uso original de estas plantas ilícitas debería ser integrado a los programas, no para prevenir, reducir o eliminar la producción de cultivos ilícitos, sino para reducir la producción de narcóticos ilícitos.

Las plantas, prohibidas hace más de 40 años constituyen una parte fundamental de las culturas, tradiciones y religiones de los pueblos indígenas de aquellas regiones en donde estos productos agrícolas son endémicos.

La legalización del uso legítimo y ancestral de la planta de coca podría propiciar los siguientes resultados positivos:
  • permanecer dentro de la cultura y tradiciones locales (a veces sagradas) de decenas de grupos, incluyendo las minorías étnicas que viven a lo largo de los Andes;
  • restringir la “intrusión” de técnicas y/o producción económica de hábitos que no hacen parte la región;
  • posibilitar una industria ecológica, amigable del medio ambiente, que facilite el desarrollo de zonas rurales y su eventual/ posible industrialización, enmarcada dentro de un contexto respetuoso de las costumbres y prácticas locales;
  • despojar del negocio a las redes criminales que hoy controlan y extorsionan a los campesinos que están envueltos en actividades ilegales;
  • un cambio en los programas de reducción de demanda, que en vez de centrarse en la supresión de la producción de cultivos ilícitos, promuevan el desarrollo alternativo de las plantas ilícitas. Acción que detendría inmediatamente el impacto negativo de las técnicas de erradicación, las cuales son causantes de nocivos efectos en la salud y medio ambiente en diversas regiones de los Andes.

    La ausencia de debates relacionadas con aquellos asuntos cruciales constituye un agravante a las ya tensionante situación política, la cual permanece aun más inestable debido a la aplicación de medidas prohibicionistas. Las “intenciones humanitarias” que yacen detrás de las Convenciones no pueden y no deben ser cuestionadas, menos aun denunciadas. Es decir, necesitan ser expuestas con todas las fallas que han provocado en los últimos 40 años. La principal estrategia prohibicionista ha sido la de imponer la autoridad y eventualmente silenciar la oposición y la critica. Esta situación debe acabar.

    Anular la prohibición de la coca debera convertirse en una prioridad para todos aquellos que genuinamente luchan por la libertad, los derechos humanos y el desarrollo, que ademas trabajan por la construcción de un sistema basado en la fuerza de la ley y no en la ley a la fuerza. Una ley que en vez de prohibir facilite la cohabitación pacífica universal, incluyendo así las singularidades, que en última instancia son un asunto eminentemente indígena.