EL INFORME ANUAL DE LA INCB NO DA CUENTA DE LA INEFICIENCIA DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL DE CONTROL DE DROGAS


El 2 de marzo de 2004, la International Narcotics Control Board presentó su Informe Anual, Annual Report que recoge las maneras de las que los países que han ratificado las Convenciones de la ONU sobre Drogas implementan las provisiones establecidas en los documentos internacionales.

Lo que sigue es la lectura de los contenidos generales del Informe de la INCB llevada a cabo por la Liga Internacional Antiprohibicionista, a partir de las anticipaciones hechas públicas por la INCB.

El Informe se concentra en el crimen organizado, la reducción del daño, el tráfico por canales cibernéticos, el control químico y las diversas situaciones regionales. La INCB describe la relación entre violencia y abuso ilegal de drogas como "altamente compleja", y afirma que debe ser examinada tomando en consideración una serie de factores. El Informe concede que el vínculo demostrable con la violencia y el crimen organizado reside en el hecho de que algunos drogadictos recurren a la violencia para financiar sus hábitos y también como resultado del impacto psico-farmacológico de algunas drogas ilegales. En cualquier caso, basándose en experimentos controlados de laboratorio, la INCB hace énfasis en que es muy difícil y engañoso sugerir que existe un vínculo directo entre violencia y consumo de drogas ilegales. Este vínculo debe ser considerado siempre en función de factores de tipo cultural y social que, a su vez, influyen sobre el comportamiento del individuo.

Entre las recomendaciones de la INCB está la de desarrollar políticas de reducción de la demanda a nivel comunitario prestando una atención especial a la prevención del abuso de drogas, en combinación con toda una serie de medidas sociales, económicas y legales con vistas a la aplicación de la ley, entre las cuales están: crear un entorno local que no incite al tráfico a pequeña escala, brindar apoyo a los esfuerzos locales de creación de empleo e ingresos lícitos, desarrollar programas educativos destinados a grupos sociales marginados, y trabajos de intervención a nivel integrado y específico con grupos de riesgo.

La Junta presta una atención particular a las polítcas de reducción del daño pidiendo a los Gobiernos con la intención de incluir medidas de "reducción del daño" dentro de sus estrategias de reducción de la demanda que "analicen con cuidado el impacto global de tales medidas. Puede que en ocasiones éstas sean positivas para los individuos o para las comunidades locales, pero a la vez tienen consecuencias negativas de gran alcance a nivel nacional e internacional". Como reacción a medidas de reducción del daño específicas tales como el establecimiento y la gestión de narcosalas, la Junta señala que "la gestión de tales espacios sigue constituyendo un grave motivo de preocupación" y "reitera que éstos violan las provisiones de los tratados internacionales de control de drogas".

Durante la década de los 90, varios países han llevado a la práctica diversas medidas de reducción del daño producido por las drogas, que son los daños producidos por la prohibición, y, a pesar de los éxitos de programas y proyectos realizados con apoyo público en países como Canadá, Alemania, Italia, los Países Bajos, España, Suiza y el Reino Unido, la ONU nunca ha reconocido los progresos alcanzados a través de dichas estrategias alternativas que han intentado tratar a los consumidores de drogas como pacientes en lugar de como criminales, creando entornos sociales que, lejos de promover el uso de narcóticos, les proporcionan lugares seguros donde encargarse de sus hábitos.

Después de 15 años, la INCB sigue vituperando programas que han demostrado su efectividad y su éxito salvando vidas y entendiendo el consumo de drogas no como una actividad humana digna de ser criminalizada sino como un problema de salud al que deben hacer frente médicos y trabajadores sociales y no las fuerzas del orden. Aunque la tarea de la Junta es hacer un seguimiento de la aplicación de las Convenciones, es bastante sorprendente que un grupo de distinguidos expertos y académicos nunca ha considerado apropiado sugerir una revisión de las Convenciones cuando deben hacer frente a programas que de base están en contradicción con el espíritu y la letra de las Convenciones, que pretenden salvar vidas humanas y ayudar a individuos con problemas y sus familias y comunidades a vivir una existencia menos degradada.

El Informe no alude al vínculo entre los usuarios de drogas intravenosas y el VIH/SIDA. La pandemia de VIH/SIDA, que tiene lugar sobre el trasfondo de un abanico de otras crisis y transformaciones, muchas de las cuales están enraizadas en desigualdades sociales y estructurales que complican la pandemia deberían recibir más atención por parte de la agencia responsable de controlar la implementación de las Convenciones.

El Informe también hace referencia al continuo incremento del tráfico de productos farmacéuticos que contienen sustancias controladas internacionalmente a través de medios cibernéticos. Las farmacias por Internet, que pueden operar desde cualquier lugar del mundo, desempeNan un papel central en la creciente oferta de productos farmacéuticos son drogas narcóticas y substancias psicotrópicas. Las farmacias ilegales que operan vía Internet no precisan prescripciones médicas, o simplemente ofrecen consultas en línea o telefónicas.

Refiriéndose a la implementación de las leyes que regulan Internet como "desequilibrada" y "laxa", la Junta urge a los Gobiernos a asumir una posición más emprendedora. Para brindar apoyo a las acciones legales los Gobiernos deberían cerciorarse de que la oferta de tráfico ilegal y la desviación de productos farmacéuticos conteniendo drogas narcóticas o substancias psicotrópicas por Internet son consideradas delitos criminales. La Junta llega incluso a alertar de "la peligrosamente común percepción" de que "el uso y abuso de productos farmacéuticos no es tan dañino como el abuso de drogas ilegales manufacturadas". La Junta expresa su preocupación pr el hecho de que en muchos países la justicia no atribuye la severidad deseable a las desviaciones y el tráfico de substancias ilegales manufacturadas. Lejos de estudiar el impacto real del régimen prohibicionista actual, la Junta reclama un recrudecimiento del cumplimiento de la ley, instando a las fiscalías, los jueces y la policía que hagan más en su lucha contra las drogas legales e ilegales.

Las drogas sintéticas y el lanzamiento de una nueva guerra contra las mismas son sujeto de especial consideración. De hecho, la INCB hace un llamamiento a todos los Gobiernos implicados para unir fuerzas para combatir el problema del abuso de Estimulantes del Tipo de las Anfetaminas (ATS) a través del Proyecto Prisma, una operación a escala mundial destinada a evitar desviaciones de las sustancias químicas precursoras que los productores clandestinos necesitan para manufacturar ATS. Las operaciones regionales comenzaron bajo el paraguas del Proyecto Prisma en enero de 2003. Estas actividades refuerzan los programas de rastreo existentes, que fueron introducidos por la INCB hace diez años, para evitar desviaciones de precursores de metanfetaminas del comercio legal internacional. El Proyecto Prisma también sucede a los lanzamientos de las Operaciones Púrpura en 2001 y Topacio en 2002, que se centraron en el control de los precursores químicos de la cocaína y la heroína. A guisa de varita mágica, el Proyecto Prisma ha sido diseñado para dar a los Gobiernos la capacidad de hacer frente al problema de los ATS a través de un enfoque doble: evitar la fabricación ilegal de las sustancias impidiendo a los traficantes obtener las sustancias químicas que necesitan, y localizar y desmantelar los laboratorios productores, usando diversas técnicas investigativas de cumplimiento de la ley, tales como el control de los suministros. El nombre suena bien, pero la receta es la misma. No tendría ninguna emoción apostar por el resultado...

Entre las responsabilidades de la Junta se encuentra la de hacer el seguimiento y garantizar la oferta adecuada de drogas narcóticas para fines médicos legales. Sin admitir ninguna contradicción respecto de sus recomendaciones anteriores, la INBC advierte que la disponibilidad y el consumo de algunas drogas narcóticas esenciales, particularmente opiáceos, que son empleados para el tratamiento del dolor, incluyendo cuidados paliativos, sigue siendo extremadamnte baja en muchos países. La Junta considera que la baja disponibilidad de ciertos tipos de medicamentos puede ser achacada a al menos tres factores distintos:

1) Las regulaciones y normativas innecesariamente estrictas han creado un obstáculo para proporcionar a la población un acceso adecuado a ciertas drogas controladas en algunos países;
2) La percepción negativa de las drogas controladas entre los profesionales de la Medicina y los pacientes ha limitado su empleo racional en muchos países;
3) La carencia de medios económicos y los recursos para la salud pública insuficientes son responsables de tratamientos médicos inadecuados, incluyendo el uso de drogas narcóticas.

La Junta señala que la producción global actual es lo bastante grande como para satisfacer un incremento significativo de la demanda de drogas narcóticas para la población mundial. La Junta exhorta a los países productores, en cooperación con la industria farmacéutica, a explorar maneras de lograr que las drogas narcóticas, y las opiáceas en particular, sean más asequibles para países con escasos recursos financieros y bajos niveles de consumo.

Por último, la Junta presenta un estudio a nivel mundial. El Informe presta una atención especial al Afganistán, señalando cómo, a pesar de la intervención armada y el cambio político en el país, con la guerra al terror, los cultivos ilegales y el tráfico de opiáceos han crecido, lo que puede redundar en mayor inestabilidad política. El cultivo de opio en el Afganistán siguió a delante a mayor escala si cabe en 2003, y, tras dos años de cosechas récord de adormidera del opio en el Afganistán, se prevé que el tráfico de heroía por la ruta de los Balcanes se intensifique, lo cual, según la Junta, puede también conllevar el repunte de las pautas de declive del consumo de heroína registradas en Europa occidental.

La Junta también reconoce el vínculo entre drogas e insurrecciones armadas, que han sido una constante en el panorama mundial desde hace un par de décadas; de hecho dice que la información recogida en países devastados por conflictos, en particular la República Centroafricana, Costa de Marfil y Liberia, indican que las armas y las municiones usadas por los grupos rebeldes y organizaciones criminales pueden haber sido financiadas con los dividendos del tráfico ilegal de drogas. La situación se revela particularmente sombría en América del Sur, donde la renovada atención a la amenaza política del problema de la droga ha llevado a muchos Gobiernos a dedicar una partida cada vez mayor de sus limitados recursos a reducir la oferta ilícita de drogas, incluyendo la erradicación de cultivos ilegales, la prohibición del tráfico de drogas y la introducción de medidas contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, el Informe no ofrece una evaluación de los costes y la efectividad de estos enfoques y actuaciones.

En conclusion la Junta no ha tomado en consideracion los facasos del sistema que tiene que monitorar.